El cambio climático como prioridad política

El Acuerdo de París de 2015 fue presentado como un punto de inflexión: 196 países comprometidos a limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Una década después, el balance es mixto. Las emisiones globales de CO2 siguen siendo más altas que en 2015 en términos absolutos, aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró y la capacidad instalada de energías renovables creció de forma sostenida en la mayoría de los países firmantes.

La tensión política que rodea la transición energética no es solo entre países ricos y en desarrollo, aunque esa brecha existe y es significativa. También es interna a cada sociedad: los sectores industriales dependientes de combustibles fósiles tienen intereses organizados y poder político, mientras que los costos del cambio climático se distribuyen de forma difusa y se materializan en plazos que superan los ciclos electorales. Esa asimetría explica buena parte de la lentitud legislativa.

Los avances tecnológicos cambiaron la ecuación de costo-beneficio de la transición. La energía solar y eólica ya son las fuentes de generación eléctrica más baratas en la mayoría de los mercados. El almacenamiento en baterías bajó de precio de forma dramática. Pero la transición no es solo tecnológica: requiere rediseñar redes eléctricas, reconvertir industrias, gestionar el desempleo en regiones carboneras y financiar la adaptación en países vulnerables. Ese es el trabajo político que los acuerdos internacionales todavía no han resuelto.